SB 4 y los temores de la comunidad

Lo siguiente, preparado por el Arzobispo de San Antonio, Monseñor Gustavo García Siller y un servidor de la Diócesis de Brownsville, se publicó recientemente en varios periódicos de Texas.

SB 4 y los temores de la comunidad

Hace algunas semanas, el gobernador Greg Abbott escribió un artículo para el diario San Antonio Express-News. En el artículo, sugirió que los malos entendidos sobre la ley SB 4 estaban siendo utilizados como pretextos para fomentar deliberadamente miedo en la comunidad. Recientemente, en el Capitolio, se suscitó una desagradable confrontación entre los opositores y los partidarios de esta nueva ley. Los temperamentos y la retórica se dispararon dramáticamente. Esto no es solo el resultado de malos entendidos y fomentaciones de miedos.

Hay una gran lista de antecedentes a estas recientes expresiones de coraje y frustración. Durante el debate legislativo, el discurso retórico del sentimiento anti-inmigrante alcanzó altos niveles. Pues como sabemos, la retórica provocativa engendra retórica provocativa. Pues así como ha sucedido a nivel nacional, esta ley estatal fomenta la noción de que la comunidad inmigrante se identifica con los criminales en nuestro alrededor, en lugar de ser reconocidos por el hecho de que la mayoría de los inmigrantes son familias trabajadoras con niños. Estas cosas generan miedo en la comunidad inmigrante.

El debate público muy menudo hace parecer como si todos los inmigrantes fueran criminales sólo por el hecho de que están aquí sin la documentación apropiada. Permanecer en este país después del tiempo indicado por una visa no es una ofensa criminal; es una ofensa civil contra un estatuto federal. Ser un inmigrante sin documentación apropiada no te convierte en un criminal. Sí, los inmigrantes sin documentos válidos han infringido los estatutos federales; pero son injustamente identificados y agrupados junto con traficantes de personas, traficantes de drogas y asesinos.

Los obispos católicos de Texas se opusieron a la ley SB 4 mientras avanzaba en su camino a través de la legislatura del estado, y en el momento de su paso solicitamos al gobernador que la vetara. La ley oscurece los límites jurisdiccionales entre la aplicación de los estatutos federales y la aplicación de las leyes estatales y locales. Ya que esta ley dice explícitamente que ahora la policía local y estatal "puede preguntar" sobre el estado migratorio en cualquier momento del proceso que empieza con simples paradas de rutina por medio de la policía. En modo particular los obispos se opusieron vehementemente el incluir estas disposiciones “poder preguntar al parar”, pues las consideramos como perjudiciales para la confianza de la comunidad en los agentes de la ley local. 

No es el caso, tal como el gobernador y otros lo sostienen, de que únicamente los criminales deberían de temer a la ley SB 4. Esta ley promueve incertidumbre y ambigüedad. Ahora la gente tiene miedo de que se inventen pretextos para que puedan ser detenidos y se les pregunte sobre su estado migratorio. Sí, la ley prohíbe la discriminación y la elaboración de perfiles, pero no es probable que los inmigrantes pobres tengan los recursos necesarios y la adecuada consejería para defenderse. Cuando paran a la gente, ellos se ponen desesperadamente asustados. Inmediatamente se preguntan por el bien de sus hijos y por su propia seguridad si llegan a ser deportados. Es esta incertidumbre y potencial pánico en el momento del cuestionamiento que engendra miedo y que daña el tejido de la comunidad.

¿Además, qué sucedería entonces cuando algunas fuerzas policiacas locales y estatales sean más agresivas al implementar esta opción de "poder pregunar"? ¿No están animando a los inmigrantes a desconfiar de todos los que puedan llegar a preguntarles? ¿Y tal incertidumbre no ocasionará que sea menos probable que los inmigrantes se atrevan a denunciar crímenes?

La Legislatura aprobó la propuesta y el gobernador la firmó como ley, por lo que todo el Estado tendrá que batallar con las consecuencias en curso. Somos una nación de leyes, como dice el gobernador; desafortunadamente no todas nuestras leyes son buenas leyes. Las malas leyes tienen malos efectos. Para los obispos católicos esto significa que vamos a intensificar nuestros esfuerzos para informar a las personas de sus derechos, incluyendo el derecho de permanecer en silencio, y ofrecerles el mejor consejo sobre lo que se debe de hacer si es que los llegan a detener y no cuentan con la documentación apropiada. También trabajaremos para derogar la ley SB 4, o corregir los aspectos más dañinos de esta ley. Y animamos a todos los que se oponen a esta ley a trabajar juntos de manera vigorosa y pacífica hacia este mismo fin.

El Monseñor Gustavo García-Siller es el Arzobispo de la Arquidiócesis de San Antonio en Texas, la cual cuenta con 516,654 católicos.

Monseñor Daniel E. Flores es el obispo sexto de la Diócesis de Brownsville en Texas, la cual cuenta con 1.14 millones de católicos.