Libertad Religiosa

Santo Tomás Moro

Por razones de la actualidad del tema, me parece oportuno reproducir aquí la columna que publiqué este marzo pasado sobre el tema de la libertad religiosa:

Columna de marzo 2012, The Valley Catholic

Libertad Religiosa y el mandato del HHS

Por Daniel E. Flores

Obispo de la Diócesis de Brownsville

El derecho a la libertad religiosa es un bien humano básico, y es reconocido en la Constitución de Estados Unidos como uno de los primeros y más básicos principios de un país libre. “El Congreso no hará ninguna ley con respecto al establecimiento de religión, o prohibiendo el ejercicio libre de la misma.” De una manera muy simple esta enmienda a la constitución crea una estructura en la cual las personas religiosas en nuestra sociedad pueden verdaderamente vivir sin miedo a la coerción. El Congreso, y por ende el Gobierno Federal, no puede establecer que un punto de vista religioso sea favorecido en la ley más que otro. La segunda cláusula a esta enmienda prohíbe específicamente al gobierno de infringir los derechos de los creyentes religiosos para practicar su religión en la sociedad en general.

La reciente decisión del Gobierno Federal, a través del Departamento de Salud y Recursos Humanos, de imponer que todo empleador proporcione cobertura contraceptiva, esterilización y abortiva a sus empleados a causado, con todo derecho, un grito nacional de oposición. La principal oposición de la Iglesia Católica en los Estados Unidos al “Mandato Anticonceptivo” es por razones de libertad religiosa. Éste mandato viola el “libre ejercicio” de religión en este país, y establece de hecho un punto de vista social que está destinado a terminar con la libertad religiosa de aquellos que desean vivir y trabajar en paz sin tener que someterse a éste “punto de vista establecido”. Permítanme explicar.

Las reglas propuestas por el gobierno requieren que las instituciones religiosas establecidas por los fieles católicos de los Estados Unidos, y mantenidas por nuestras contribuciones, tienen que subsidiar directamente servicios que son inaceptables para una conciencia católica. Otras denominaciones religiosas con objeciones similares también serán afectadas. Recientemente el gobierno ofreció un “arreglo” a la regla. Visto generalmente como un intento de acomodar la conciencia religiosa, no es nada por el estilo.

El llamado arreglo simplemente señala que las organizaciones religiosas tienen que aceptar un plan de seguro que provea estos servicios a través de la compañía de seguros. Esta es una artimaña. La institución religiosa, tarde o temprano, deberá pagar por la cobertura, aunque en papel la cobertura sea proporcionada por el seguro y no por la institución religiosa. Seamos claros: pagar por un servicio es un tipo de cooperación moral con el servicio. La Regla obliga la cooperación moral de los ciudadanos que se oponen al servicio por razones religiosas. Y aun hay más: muchas instituciones religiosas tienen su propio seguro. ¿Acaso el arreglo quiere decir que las instituciones religiosas y compañías de seguro, las cuales fueron fundadas para respetar los principios de sus creencias, tienen que ajustarse al mandato del gobierno o salir del negocio?

Si hoy el gobierno le puede indicar a la Iglesia Católica que tiene que pagar por los medicamentos anticonceptivos y abortivos, ¿Acaso mañana nos dirá que tenemos que pedir papeles de ciudadanía antes de alimentar a un inmigrante hambriento? ¿Y qué haremos cuando algún futuro gobierno decida que aborto por parto parcial es un “asunto de cuidado de salud”? ¿Seremos obligados a cooperar con esto, aunque la razón y la fe nos digan que es un mal muy grave? El punto es que el bien de la comunidad y de la sociedad es gravemente dañado cuando el poder del gobierno llega hasta al punto de intentar coaccionar la conciencia de hombres y mujeres de fe. La Iglesia, y de hecho todas las instituciones religiosas , buscan ser libres para servir el bien común de la sociedad sin que se nos diga que tenemos que dejar nuestra religión en la puerta para poder atender al enfermo, educar al estudiante, o alimentar al pobre.

Los obispos Católicos en los Estados Unidos desde hace mucho tiempo han fomentado una reforma del sistema de salud en este país. Pero el propósito de una reforma justa es el proveer cobertura médica adecuada al pobre y marginado. La Reforma del Sistema de Salud no es, y nunca se pretendió que fuera, una forma de imponer una visión secularista particular sobre la anticoncepción o el aborto a toda la nación. Pero esto es lo que hacen las nuevas reglas del HHS, incluso con el dizque arreglo. Impone un programa social anticonceptivo y abortivo que un católico no puede aceptar. No lo podemos aceptar porque no es una política social sana. El embarazo, después de todo, no es una enfermedad. Pero más importante, no podemos aceptar una situación en la cual se nos dice que tenemos que cooperar con el gobierno brindando subsidio a acciones que consideramos inmorales. Así le llamen religión o no, un programa secular toma posición de una religión establecida cuando requiere que todas las instituciones religiosas se sometan a sus órdenes. Y esto es una orden. La Iglesia pondrá resistencia por todos los medios legales posibles. Nos opondremos porque el ejercicio libre de religión es un bien para toda nuestra sociedad. Nos opondremos porque la coerción de incluso algunos de nuestros ciudadanos para pagar por servicios que son ofensivos a los mejores principios de la razón y la religión es en sí mismo un grave mal.

Por lo tanto, exhorto a todos los católicos y a todos los ciudadanos del Valle del Río Grande que reconocen el valor de la libertad religiosa en este país, a que apoyen los esfuerzos para remediar el mandato del HHS. Y exhorto a todos a estar vigilantes en la protección de los derechos de religión en nuestra sociedad libre. No nos cansemos de hacer lo que es lo correcto.